InfoSalud/ Santo Domingo, RD – La Cámara de Diputados dio un paso significativo hacia la promoción de la alimentación saludable en las escuelas al aprobar en primera lectura un proyecto de ley integral sobre alimentación y nutrición escolar. La iniciativa, impulsada por la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza, Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, busca prohibir de manera explícita la promoción, venta o distribución de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcar o sodio, así como bebidas azucaradas que no se consideren beneficiosas para la salud de los niños en los entornos educativos.
El artículo 31 del proyecto de ley establece un principio fundamental: los alimentos disponibles para el consumo en las escuelas deben estar alineados con el propósito de proporcionar los nutrientes esenciales necesarios para el óptimo desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Esta disposición sienta las bases para transformar las cafeterías escolares en espacios que fomenten hábitos alimenticios saludables desde temprana edad.
Además de regular los productos ofrecidos, la iniciativa legislativa plantea un cambio estructural en la preparación de las comidas escolares. Se dispone que estas deberán ser elaboradas directamente en las instalaciones de los planteles educativos, lo que requerirá que el sistema educativo garantice la disponibilidad de las cocinas necesarias. En aquellos casos donde las cocinas internas aún no existan, se permitirá el suministro por parte de cocinas externas, siempre y cuando estas no se encuentren a una distancia superior a los mil metros del centro educativo. El objetivo primordial de esta medida es asegurar un mayor control sobre el suministro y la calidad de los alimentos, minimizando así los riesgos de contaminación y garantizando la frescura de los productos.
En una apuesta por fortalecer la economía local y promover la cultura alimentaria, el artículo 57 del proyecto de ley establece la priorización de la compra de productos agropecuarios provenientes de las propias comunidades donde se ubican las escuelas. Esta disposición busca apoyar la agricultura familiar y fomentar el consumo de alimentos frescos y de temporada, creando un vínculo más estrecho entre los centros educativos y su entorno productivo.
Para asegurar el cumplimiento de estas normativas, el proyecto de ley contempla un régimen de sanciones. Se establecen penalidades para los directores escolares que realicen un uso indebido de los fondos destinados a la alimentación estudiantil, así como para aquellos proveedores que obtengan contratos de manera fraudulenta o que pongan en riesgo la salud de los alumnos mediante el suministro de alimentos de baja calidad. Tras su aprobación en primera lectura, el proyecto de ley pasará ahora a una segunda discusión en la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Senado, donde deberá seguir un proceso similar de estudio en comisión y aprobación en dos lecturas para convertirse en ley.
