Santo Domingo, República Dominicana / InfoSalud – Los fraudes a los seguros médicos se han convertido en una preocupante realidad que afecta directamente a los pacientes, quienes, a la larga, terminan pagando las consecuencias de esquemas fraudulentos que extorsionan a las aseguradoras. El Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha sido víctima de un esquema millonario basado en facturaciones fraudulentas, lo que pone de aliviar la vulnerabilidad del sistema ante este tipo de delitos.
Según datos preliminares, el fraude podría alcanzar cifras millonarias debido a la emisión de facturas por servicios no prestados, las alteraciones de registros médicos y la falsificación de recetas. En el país, estos fraudes incluyen la prescripción innecesaria de medicamentos y estudios de diagnóstico, el uso indebido de carnets de asegurados y la manipulación de facturaciones médicas.
Según el documento al que tuvo acceso El Informe, la institución pública ha sido víctima de un esquema de facturaciones fraudulentas que involucra sumas ascendentes a 40 millones de pesos. La denuncia detalla que, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, se realizaron solicitudes de autorizaciones para procedimientos médicos y consultas sin el conocimiento de los afiliados, lo que ha generado un perjuicio significativo a los fondos públicos.
Este tipo de fraude no solo afecta la estabilidad financiera de las aseguradoras, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios de salud que reciben los pacientes. Los recursos destinados a la atención médica son desviados por esquemas fraudulentos, lo que reduce la disponibilidad de fondos para la inversión en infraestructura, tecnología y personal médico.
Las autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que los resultados de esta investigación permitan fortalecer los mecanismos de control y prevención de fraudes en el sistema de seguros médicos, garantizando así la protección de los derechos de los pacientes y la integridad de los fondos públicos.
